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El control poblacional sin cazadores no tiene sentido.

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En nuestra sociedad cada vez más alejada del medio rural, la caza se encuentra fuertemente cuestionada. Es previsible que esta situación evolucione a peor conforme el número de cazadores disminuya (Massei et al., 2015) y el pensamiento animalista gane adeptos (Boadella y Gortázar, 2018). Existen sin embargo argumentos poderosos para defender la actividad cinegética.

En primer lugar está el argumento de la libertad, que abarca el aspecto social-cultural y la pasión por la caza. Se trata de una actividad legal, pero sobre todo de un afán propio de nuestra especie desde su mismo origen. Es más, nuestra evolución como especie y el desarrollo de nuestro cerebro seguramente no hubiese sido posible sin el acceso a la carne magra procedente de la caza (Mann, 2000). Hoy cazar es un entretenimiento más que una necesidad, pero continúa siendo una pasión que cuenta con un arraigo y una riqueza de tradiciones que justifican su permanencia. Segundo, la caza genera actividad económica: 178.000 puestos de trabajo en España según el informe elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan en 2018 (Actualmente se ha incrementado notablemente). Buena parte de esta actividad se produce en las comarcas más remotas e improductivas, en esa España rural que urge apoyar. Muchas propiedades rurales dependen de los ingresos que genera la caza para complementar los que generan las actividades agrícola, ganadera o forestal y las fluctuantes ayudas públicas. Sin la caza, muchos terrenos valiosos por su paisaje y por su contribución a la conservación de la biodiversidad se verían forzados a cambiar de uso, reduciendo aún más la actividad económica y las perspectivas de bienestar futuro de las comarcas afectadas. Y finalmente está el tercer argumento, seguramente el de mayor actualidad: la caza como herramienta de gestión, la caza como forma más sensata de controlar la sobreabundancia.

La caza supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable, al igual que ocurre con otras producciones forestales como puedan ser las setas. Pero a diferencia de estas últimas, no cazar (no cosechar la producción anual) da lugar a un crecimiento no desea do de determinadas poblaciones animales. El caso del conejo es un buen ejemplo. Su proliferación en algunas zonas agrícolas, especialmente en las proximidades de grandes infraestructuras como autovías y líneas de ferrocarril, da lugar a situaciones de plaga en las que se producen daños importantes a los cultivos y a las infraestructuras de riego. Se ha observado en el valle del Ebro que esto ocurre principalmente en espacios donde la presión de caza es baja (Williams et al., 2007). Por su parte, el aumento de las poblaciones de ungulados en muchas zonas en las últimas décadas hace necesario su regulación y control. El crecimiento de las poblaciones de ciervo, corzo o jabalí supone la invasión de zonas de cultivo, un riesgo sanitario, entre otros efectos negativos, sobre el ganado doméstico, así como un aumento de los accidentes en carretera. Por consiguiente, la caza ordenada contribuye significativamente al control de especies propensas a la sobreabundancia y supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable. Este aprovechamiento, que por tanto supone un servicio tanto al ecosistema como a la sociedad (Quirós-Fernández et al., 2017), no resulta prescindible hoy en día.

Además hoy comentamos un caso dado durante esta pandemia COVID…

A diferencia de la mayor parte de las comunidades españolas y países europeos, en la crisis del covid, la Comunidad foral de Navarra no ha contado con los cazadores para controlar las poblaciones animales durante la crisis del COVID-19. Este experimento ha demostrado que la decisión no ha sido acertada y por tanto que el control poblacional no tiene sentido sin cazadores.

La Comunidad Foral de Navarra, ha servido de diseño experimental para que, de nuevo, se demuestre la necesidad de la caza y de que los cazadores controlen las poblaciones animales. Así lo han refrendado recientemente científicos, expertos y las principales organizaciones rurales del país a instancias de la RFEC y Fundación Artemisan.

Esta prueba evidenciará el papel clave del colectivo de cazadores federados como formados, asegurados y coordinados para paliar de forma efectiva los daños agrarios, las afecciones sobre la sanidad pecuaria, los perjuicios por accidentes de tráfico e, incluso, alteraciones de la seguridad ciudadana ocasionados por especies cinegéticas como el jabalí o el conejo silvestre.

El Gobierno de Navarra, durante la vigencia del estado de alarma, fue introduciendo diferentes medidas paliativas de forma paulatina. Primero permitió la actuación de los guardas de los acotados, posteriormente incluyó el equipo de control de animales de la Policía Foral y, por último, dejó que los agricultores-ganaderos afectados con licencia de caza realizaran un autocontrol.

Todas estas medidas, según el colectivo agrario y cinegético, han resultado ineficaces para el control poblacional de estas especies. Por si fuera poco, no sé si lo recordaréis ya, el pasado día 27 de abril salió a la luz una noticia que informaba de que un disparo de la policía en la persecución de un jabalí en Peralta y que rebotó e impactó contra la ventana de un domicilio poniendo en peligro la seguridad ciudadana. Los medios, en este caso la munición reglamentaria de la policía, no está diseñada para abatir animales de caza mayor, ya no sólo por motivos de bienestar animal, sino por riesgos laborales y seguridad ciudadana.

Llama la atención que en otras muchas Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón… se permitió la caza como actividad esencial en el contexto del Real Decreto463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 conforme a las limitaciones de movilidad y restricciones sanitaria pertinentes.

En el caso de Alemania, el propio gobierno alemán, referente de la gestión sanitaria de esta terrible pandemia mundial, consideró desde el inicio de las restricciones impuestas asociadas al estado de alarma, la caza para control poblacional como actividad esencial.

Incluso sus máximos representantes competentes, ministros de agricultura, salud pública e interior, han agradecido al colectivo de cazadores su contribución voluntaria y necesaria para el sostenimiento del sector agroalimentario como estratégico y vulnerable.

Un artículo que fue publicado en el Diario de Noticias de Navarra analizó de forma multifactorial y cronogramática la secuencia anteriormente expuesta, incidiendo en los motivos etiológicos de la falta de eficacia y eficiencia de las acciones que fueron implementadas.

Además, insistió en el ofrecimiento de la Federación Navarra de Caza, que puso al servicio de la administración la ayuda del colectivo de cazadores, que de forma voluntaria y altruista hubieran participado activamente en la caza para el correcto control poblacional de especies cinegéticas que generan graves daños y perjuicios a diario.

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