Hoy en HUNTY hablamos del tema de disgusto estas semanas entre el colectivo de cazadores es que a primera vista, la Ley de Bienestar Animal obligará a castrar a nuestros perros y prohibirá la cría de animales a todos los particulares de España…

Muchas han sido las noticias de que van a prohibir la cría de perros a particulares, es decir nos obligarán a castrar a todos nuestros perros y gatos y se radicalizan los requisitos para tener núcleo zoológico. Estas son algunas de las líneas que prepara el Gobierno para la nueva Ley de Protección Animal.
Pero… ¿Realmente desde el gobierno pueden obligarnos?
La nueva normativa, pretende que todos los perros o gatos que tengan acceso al exterior sean castrados, ya sea un perro utilizado para la actividad cinegética o para que esté tumbado en tu sofá, dijo Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales.
Con este aspecto se pretende acabar con el derecho de los dueños de los perros de caza a tener sus propias líneas y a realizar los cruces habituales en la actividad cinegética. Un texto que también pretende prohibir o limitar aspectos como la presencia de animales en medios audiovisuales o en eventos públicos, como cabalgatas, romerías, etc.
En resumen, estos son los principales frentes sobre los que trata esta nueva normativa:
Prohibición de la cría.
Se ha asegurado que la cría estará exclusivamente permitida a profesionales registrados que tengan núcleo zoológico. Para el resto de los cazadores o de ciudadanos que quieran criar con sus perros o gatos, este derecho se acaba.

Núcleos zoológicos.
Se declara que la totalidad de los propietarios que tengan más de cinco perros se deberán ajustar a una normativa mucho más restrictiva, sobre todo en cuanto a medidas de las instalaciones y requisitos para conceder el núcleo zoológico. Y se avisa de que para ello, esto estará vigilado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también controlarán más de cerca las vacunaciones y esterilizaciones.
Restricciones y castración. Un problema para la caza.
La normativa que se prepara obligará a la castración de los perros. Con esta imposición radical, los animalistas pretenden reducir el abandono de perros y gatos, pero lo que realmente se conseguirá es atentar contra el derecho de los propietarios a criar y a seleccionar las líneas genéticas que algunos llevan generaciones trabajando.

Una vez conocidos los principales tres frentes, damos respuesta a si realmente desde el gobierno pueden obligarnos a esto… Según consultas con diferentes abogados por parte de diferentes entes cinegéticas se ha llegado a las siguientes conclusiones.
En relación a la esterilización forzosa de ciertos animales de compañía anunciada por el Gobierno de España, Jaime Valladolid uno de los abogados experto en caza y medio ambiente el cual ha colaborado para este asunto con Jara y Sedal, advierte que a priori podría interpretarse como una flagrante vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, reconocido en el art. 33 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en su reciente Sentencia 81/2020, de 15 de julio (Ponente: Juan José González Rivas), que resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales de la comunidad autónoma de La Rioja.

Además cita que, a juicio del Pleno del Tribunal Constitucional, «la obligación de esterilizar, bajo estricto control veterinario y limitada a determinados animales de compañía (perros, gatos y hurones), responde al propósito (…) de evitar la superpoblación y en última instancia el abandono de animales. Este propósito, que cabe considerar como constitucionalmente legítimo, se halla, por otra parte, en sintonía con los compromisos internacionales asumidos por España, debiendo indicarse al efecto que el citado Convenio europeo sobre protección de animales de compañía de 1987 permite expresamente las intervenciones quirúrgicas sobre animales de compañía «para impedir la reproducción» (art. 10.2 b)) y determina, con el fin de evitar el abandono de estos animales, que las partes firmantes se comprometen a tratar de estos animales, que las partes firmantes se comprometen a tratar de «reducir la reproducción no planificada de perros y gatos, estimulando su esterilización» (art. 12 b) ii)).
En resumen concluimos con que el Tribunal Constitucional, en una interpretación un tanto maquiavélica, considera que el fin perseguido justificaría los medios empleados y que tal medida, adoptada bajo el propósito de reducir la reproducción de animales de compañía, sería constitucionalmente legítima.
Otro de los colectivos preocupado es el de los veterinarios ya que actualmente se encuentran divididos. Parte está a favor de la esterilización e incluso ven un nuevo nicho de negocio en los millones de mascotas que hay en España. Muchos otros veterinarios están en contra y consideran la esterilización un riesgo para la salud y una medida muy invasiva.

Santiago Ballesteros Rodríguez, abogado y asesor jurídico de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y de ARRECAL, además de autor del libro Delitos de maltrato animal en España (2018) recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la cuestión de la esterilización obligatoria «cuando derogó parcialmente la infumable Ley de Protección Animal de La Rioja». La esterilización, fue avalada entonces por el Constitucional como algo «legítimo» para evitar su proliferación y abandono.
Cuando en 2018 publicó su libro Delitos de maltrato animal en España, «ya advertía que la intención del Gobierno de la mano de Podemos era extender el delito de maltrato animal hasta el infinito, vaciar de contenido el derecho administrativo sancionador y convertirlo todo en delito. Y de esta forma, tenernos a todos sometidos y amenazados con el Código Penal».
En España ya existe una protección «muy alta» en materia de bienestar animal. «Hemos pasado de cero a cien en apenas diez años», expresa. «En 2015 ya se aprobó una reforma del Código Penal muy ambiciosa que ha llevado a numerosos procesamientos y condenas. Decir que no hay existe impunidad o que no hay herramientas legales es simplemente una golfería. Una perversión más de quienes pretende criminalizar a todos aquellos que consideran a los animales auxiliares de actividad como la caza o a la ganadería. El Código Penal establece penas de prisión de hasta 18 meses y en el ámbito administrativo las sanciones son muy altas. Es simplemente falso decir, que el sistema no tiene “mecanismos legales”», argumenta el abogado.

Tanto la Federación de Caza de Castilla-La Mancha como ARRECAL han desplegado una línea de trabajo pionera y muy activa para frenar los excesos animalistas en las Leyes de Bienestar Animal que proliferan como setas en las diecisiete taifas autonómicas. «Si éramos pocos, llegó el Gandhi de los perros y los gatos, el Diane Fossy de una Dirección General vacía de contenido y que Sergio Torres, se ve obligado a rellenar con chorradas como esta que desde luego no hay que perder de vista», concluye Ballesteros.
Otro punto de vista lo aporta Jorge Bernad, abogado especialista en derecho de caza y medio ambiente, ha señalado que en cuanto a las esterilizaciones, no te pueden obligar a ello al menos con los perros que tengas ahora. Los que puedas adquirir cuando esté en vigor la ley (si es que entra en vigor alguna vez que lo dudo) podría ser, aunque desde luego en mi opinión la decisión debería responder a algún motivo y no imponerse sin más», afirma.

Actualmente el borrador de esta ley saldrá a consulta pública el próximo 6 de octubre y se espera que ya en el mes de noviembre llegue al Consejo de Ministros. Después deberá pasar por el parlamento, algo que se prevé en enero del próximo año. El objetivo de Torres es que todas estas restricciones a la libertad de los propietarios de mascotas entren en vigor a principios de 2023.
Desde Hunty apoyamos y esperamos que este borrador de ley sea revisado y eliminado previamente a su posible aprobación. ¡Luchemos hoy por la caza y su futuro!